Cinco personas fueron enviadas a prisión preventiva por presunto lavado de más de L51 millones vinculados al cobro de extorsiones en Honduras.
Cinco personas fueron enviadas a prisión preventiva por su presunta participación en una estructura de lavado de activos vinculada al cobro de extorsiones.
La Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO) informó que los investigados no pudieron justificar movimientos financieros superiores a 51 millones de lempiras.
Investigación detectó fondos sin respaldo lícito
El caso comenzó con información sobre un privado de libertad que dirigiría actividades de extorsión desde la penitenciaría de Támara.
Según las diligencias de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), los fondos eran movilizados mediante cuentas bancarias de terceros.
Una de las personas implicadas registró movimientos por más de ocho millones de lempiras. Las autoridades señalaron que no tenían procedencia lícita.
Después, los investigadores ampliaron las pesquisas a otras personas relacionadas financieramente con el principal sospechoso.
El análisis de peritos financieros detectó movimientos atípicos por más de 51 millones de lempiras. La investigación no estableció una justificación para esos recursos.
Seis procesados y una apelación anunciada
Los enviados a prisión preventiva son José Raúl Moncada García, Génesis Nicol Maradiaga Montoya, Isis Mabel Varela Castro, Gladys Vanessa Maradiaga Flores y Lilian del Carmen Figueroa Matute.
El Ministerio Público los considera responsables del delito de lavado de activos.
Michael Antonio Moncada Castellanos, hijo de José Raúl Moncada, recibió medidas distintas a la prisión preventiva.
La decisión ocurrió después de que el juez modificara la calificación del delito a lavado de activos imprudente. La FESCCO anunció que apelará esa resolución.
Operativo alcanzó tres departamentos
La ATIC ejecutó nueve allanamientos de morada durante la Operación “Hestia”, realizada el 31 de agosto.
Los operativos se desarrollaron en Tegucigalpa, Danlí y Olanchito. Las ciudades pertenecen a Francisco Morazán, El Paraíso y Yoro.
La dirección técnica y jurídica estuvo a cargo de la FESCCO, mediante su unidad fiscal adscrita al Instituto Nacional Penitenciario.
El Ministerio Público afirmó que continuará las operaciones contra estructuras dedicadas a la extorsión y al lavado de activos.
El proceso coloca bajo análisis el uso de cuentas de terceros para mover dinero atribuido a extorsiones.
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